El puerto de Ceuta trabaja en un protocolo para acoger cruceros nacionales

Este protocolo toma como referencia el protocolo utilizado en travesías similares en las islas Canarias llevado a cabo desde hace meses.

28/04/2021 a las 23:55 h

La Autoridad Portuaria de Ceuta trabaja junto con la Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB) en el protocolo para la entrada de cruceros de cabotaje nacional, similar al utilizado con gran acierto en travesías similares como el aplicado en las Islas Canarias. O el que acaba de ser aprobado en Andalucía.

La razón es ayudar a la difícil situación por la que pasa el puerto de Ceuta. La pandemia por la Covid-19 ha provocado la prohibición de rutas internacionales, el cierre de la frontera con Marruecos y la consecuente desaparición del comercio.

Además de una drástica caída de los servicios de ferries y escalas técnicas o de aprovisionamiento. Lo que le ha llevado a cerrar 2020 con una reducción de casi el 35% del total de buques respecto al año anterior y casi 4.000 escalas menos. A todo ello hay que sumar la incertidumbre sobre el futuro, del cual se desconoce incluso la evolución de laOperación paso del Estrechode este año.

Otras comunidades autónomas como Baleares, Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valencia se encuentran trabajando también en la misma línea.

En el protocolo se ha tenido en cuenta la falta de instalaciones médicas privadas en Ceuta para dar respuesta a una eventual crisis sanitaria, por lo que se propone que las compañías puedan ser atendidas en algunos de los puertos anteriores o posteriores más cercanos y en ciudades con la infraestructura necesaria.

La Autoridad Portuaria de Ceuta ha puesto de relieve la posición estratégica del puerto, el cual sería de gran importancia para las escalas técnicas de los buques de crucero de cabotaje nacional al tiempo que pondría en valor los atractivos de la ciudad autónoma.

También se encuentran elaborando varios proyectos para la dársena, en línea con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad preconizados por la UE, el gobierno central y el autonómico.

 

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