El puerto de Gijón ha reclamado a la Comisión Europea que proceda al desembolso de los 49,5 millones de euros que faltan por abonar en la subvención aprobada para el proyecto de ampliación del Musel, mientras desde Europa se siguen reclamando los 198 millones de euros que si llegaron a la instalación, después de que la Oficina de la Lucha contra el Fraude (Olaf) aconsejara su devolución, según recoge El Comercio.
Así, mientras la Audiencia Nacional investiga las posibles irregularidades denunciadas por la Olaf, el puerto de Gijón indica en el escrito de alegaciones que ha presentado a través de la Administración que la Unión Europea comunicó la decisión de liberarse del compromiso de pago en octubre de 2014, cuando este debió completarse, como máximo, el 26 de octubre de 2012, por lo que no cabe suspender o interrumpir un plazo que ya ha transcurrido.
Por tanto, reclaman la subvención ya que, en dicha propuesta de cierre, o bien la Dirección General de Política Regional no había tenido en cuenta correctamente la información a su disposición, o bien se estaba apoyando en afirmaciones e interpretaciones presentadas por Olaf, "que se ha demostrado que no se corresponden con la realidad", recoge el escrito.
Para el Musel ha quedado constatada la realidad de la obra, su correspondencia con el proyecto constructivo, su ejecución en el plazo previsto, la total correlación entre el importe pagado por la Autoridad Portuaria y la obra ejecutada, así como la adecuada justificación del gasto y la existencia de una auditoría suficiente.
Además, indican que las constataciones han sido confirmadas en las diversas fiscalizaciones y auditorías llevadas a cabo respecto del proyecto.
Reproches a la Comisión
Por otro lado, desde el puerto también reprochan ciertas actuaciones realizadas por la Comisión durante los últimos meses, como el hecho de que se trasladase a los medios de comunicación informaciones relevantes antes de que fueran expuestas a las administraciones españolas y a la Autoridad Portuaria de Gijón.
Del mismo modo, critican que los documentos redactados por las instancias europeas carecen de la debida objetividad, que no se han adoptado las decisiones en los plazos establecidos en los reglamentos comunitarios y que no se ha permitido el acceso completo a los expedientes y a la información.
Además, señalan que la decisión de recuperar el 100% de las ayudas del Fondo de Cohesión constituye una recomendación o propuesta absolutamente desproporcionada.