El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha aprobado la convocatoria para la celebración de un concurso público destinado a adjudicar la explotación de los terrenos donde se encontraban los astilleros de Sevilla.
Tras la aprobación de este concurso, se procederá a la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Estado para que se abra el plazo de presentación de ofertas para la concesión del espacio.
Este concurso se lleva a cabo después de que la Autoridad Portuaria concluyera que las dos ofertas para la explotación de astilleros presentadas en el proceso abierto en mayo cumplían los requisitos pertinentes, como son la presentada inicialmente por Sevilla Shipyard para la reparación naval, que provocó la apertura de este procedimiento, y la de la sociedad Astillero del Guadalquivir.
Así, cabe recordar que Sevilla Shipyard presentó una oferta al Puerto para la explotación del terreno público, lo que provocó que tuviera que abrirse un proceso para analizar si había más ofertas en la misma línea.
La concesión se desarrollará sobre una superficie de 12.000 m², y se pone a disposición del concesionario las infraestructuras de dique seco, varadero, y la utilización del Muelle de Armamento. La disponibilidad de suelos urbanizados colindantes asegura la posibilidad de crecimiento del negocio a futuro.
La actividad principal a la que iría destinada la concesión sería la de reparación de buques y aquellas vinculadas a la obtención de certificaciones, no obstante se contempla la posibilidad de realizar otras tareas vinculadas al sector naval de forma complementaria.
Dos propuestas válidas
Sevilla Shipyard solicitaba al puerto una concesión administrativa para la reparación naval en una parcela de unos 11.000 metros cuadrados, así como las instalaciones ubicadas en el dique seco del Puerto y un área de edificio contiguo.
A este respecto el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, manifestaba que la citada oferta gozaba de "viabilidad técnica y financiera" e implicaría un volumen de producción "quizá menor" respecto a la anterior etapa del astillero. Este proyecto supone la creación de un negocio de reparación de naves que comenzaría con una inversión inicial de un millón de euros.
Más tarde, a principios de junio, llegaba la oferta de la sociedad Astillero del Guadalquivir, una empresa andaluza, que había hecho lo propio dentro del trámite de competencia de proyectos habilitado por la Autoridad Portuaria al ser formalizada una primera propuesta.
Fernández explicaba así que era necesario "estudiar su viabilidad económica y financiera y su solvencia". Si la Autoridad Portuaria da su visto bueno a las condiciones de la solicitud y "se estima que hay una concurrencia de competencia" entre las dos solicitudes, según Manuel Fernández, la Autoridad Portuaria se vería obligada a convocar un concurso público para adjudicar la explotación de las instalaciones.