El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, ha explicado que la Guía de Buenas Prácticas Ambientales“complementa y regula” las condiciones en las que las empresas portuarias pueden optar a la firma de convenios para el acceso a las bonificaciones ambientales de la tasa de actividad de hasta el 20%, tal y como se establece en el artículo 245 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 2/2011.
Con ello, el puerto de Vigo pretende incrementar los estándares de calidad ambiental de las actividades y empresas que operan en el puerto. En este sentido, López-Chaves ha indicado que cada empresa deberá “comprometerse a realizar un control” de todas las operaciones que garantice la correcta implantación de las instrucciones y recomendaciones de la guía de buenas prácticas, sin perjuicio de otros requisitos que se solicitan.
El documento que puede descargar en este enlace, comprende las diversas actividades que se desarrollan en el puerto, tales como operaciones con graneles sólidos, líquidos, mercancía general, astilleros, operaciones pesqueras y puertos deportivos, además de establecer los requisitos ambientales que se requieren para cada tipo de actividad.
En ellas, se contempla no sólo la operativa de carga y descarga de mercancía, sino también las condiciones de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, la segregación y reciclaje de residuos, la gestión y tratamiento de las aguas, el ruido, las emisiones a la atmósfera, la gestión del suelo, intentando ser un documento íntegro que contemple todos y cada uno de los aspectos ambientales.
Cumplir la legislación
Las empresas interesadas en acceder a bonificaciones ambientales deberán firmar un convenio con la Autoridad Portuaria de Vigo, que contempla una serie de instrucciones técnicas y operativas basadas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales aprobadas por Puertos del Estado en marzo de 2011.
Igualmente, deberán cumplir las condiciones exigidas por el puerto, además de disponer de la certificación ISO 14001 o la certificación Emas de todos los procesos que se realicen en la concesión. Asimismo, deberán cumplir estrictamente la legislación, disponiendo de todos los permisos y licencias en vigor, tanto ambientales, como de seguridad, urbanismo, etc. Al mismo tiempo, las empresas deberán pasar una auditoría por una entidad acreditada por ENAC, que certifique el cumplimiento de todo lo expuesto anteriormente, y presentar una memoria ambiental anual a la APV.
Para el máximo responsable portuario, el resultado de esta política de prevención y protección ambiental que desarrolla el puerto da lugar una “mejora en la calidad de las aguas de dársenas y Ría” e impulsa a numerosos sectores a “actuar de forma preventiva”.
En este sentido, ha señalado a los astilleros y puertos deportivos, que “están implantando sistemas de control y depuración de las aguas que emplean en sus procesos y actividades”, o las terminales marítimas, que “han desarrollado y aplican satisfactoriamente sus Planes de Contingencias con el objeto de minimizar el impacto ambiental de posibles incidentes”.