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En la Xunta, entienden que el Ejecutivo tendría que hacerse responsable del pago de los proyectos pendientes.

La gestión de la AP-9 sigue rodeada de polémica y no solamente por unos peajes que sus usuarios consideran abusivos. También a principios de octubre se conocía que La Fiscalía de Pontevedra y ciertas asociaciones de transportistas tenían previsto iniciar acciones legales contra la concesionaria, Audasa, por seguir cobrando el peaje pese a los múltiples atascos provocados por las obras de Rande.

Ahora, ha vuelto el debate sobre el traspaso de la concesión a la administración gallega. El Gobierno dice no mantener ninguna posición contraria a esta medida, pese a que en Fomento reconocen no ser muy partidarios de transferir autopistas que unen elementos estratégicos.

Sin embargo, aunque la posibilidad no se ha cerrado, tampoco se ha concretado de ninguna manera. Desde la Xunta, insisten en que esta vía nace y muere en Galicia, sin entrar en Portugal, y están convencidos de que podrían negociar tarifas horarias y descuentos en el peaje si fueran los titulares de la vía.

Por contra, según explican en La Voz de Galicia, en la Comunidad Autónoma han dejado entrever que antes de asumir el traspaso de la autopista, el Ejecutivo central tendría que hacerse responsable del pago de los proyectos pendientes, cuyo coste supera los 183 millones de euros sin contar la urbanización del tramo final de la autopista en Vigo y la conexión con la vía Ártabra en La Coruña.

A esto se suma la compensación a la empresa concesionaria, que su matriz, Itínere, valora en 1.001 millones de euros, y que algunos partidos gallegos esperaban que asumiera el Gobierno.