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Los informes apuntan a un beneficio por parte de la unión temporal de empresas Dique Torres, adjudicataria de las obras.

Una vez recibidos informes tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, en los que se aprecian irregularidades en la contabilidad de las obras, el Tribunal de Cuentas ha nombrado un instructor para su investigación, en un procedimiento paralelo al iniciado en la Audiencia Nacional y derivado luego a los Juzgados de Gijón.

Los informes apuntan a un beneficio por parte de la unión temporal de empresas Dique Torres, adjudicataria de las obras, a costa de sobrecostes pagados por la Autoridad Portuaria.

El informe de la Fiscalía que ya estudia el instructor del Tribunal de Cuentas, cuyo contenido ha sido revelado por «El País», señala «la existencia de indicios de responsabilidad contable«, según desvela ese mismo medio.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas había requerido al puerto de Gijón albaranes y tiques relativos sobre los que ha fundamentado su informe, según el cual las empresas Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas, que integraban la UTE «Dique Torres», se beneficiaron irregularmente de contratos, como el relativo a un convenio firmado con la Fundación Empresa Universidad de Granada para un proyecto de investigación.

El informe fiscal, según lo publicado por “El País”, explica que hasta febrero de 2006 el pago del convenio lo abonó la UTE a la Universidad de Granada «conforme a los precios pactados, con un 19% de deducción«, pero a partir de marzo de 2006 las cuantías variaron y «lo abonado por la Autoridad Portuaria a la UTE tenía un importe un 19% superior al pagado a la Fundación«.

Según el Fiscal, esto equivaldría a un beneficio de 124.000 euros «en su condición de intermediario en los pagos», pagando a la Fundación menos de lo que le abonaba el puerto según lo recogido en el convenio.

El informe fiscal se ocupa también de los materiales de las canteras y destaca «la alteración, por incremento, de los precios previstos, que no se ajustan a lo pactado en el contrato de adjudicación«.

Asimismo, detecta muchas partidas con sobrecoste, algunas de hasta 133.000 euros, como el relativo al presupuesto inicial para seguridad y salud, que era de 951.000 euros y en mayo de 2011 se incrementó a 1,4 millones.