La democracia es, fundamantalmente, la canalización de la participación ciudadana a través de unos cauces establecidos y el respeto a unas formas, a unas leyes que, en teoría, obligan a todos por igual.
Sin embargo, la democracia también se pretende capaz de integrar todas las opiniones posibles, incluso las más radicales que pretenden acabar con el propio sistema o modifcarlo en profundidad, aunque, en estos casos, se les pide que lo hagan desde dentro.
Dentro del ámbito del transporte, estos cauces implican que la representatividad del transporte a nivel empresarial ante las instituciones se articule a través del Comité Nacional, como órgano consultivo legalmente constituido y contra el que nadie dijo nada en su momento.
Con el paro indefinido de la Plataforma para la Defensa del Sector Transporte surge un movimiento alternativo que busca tener interlocución con las Administraciones y que, a la vista de la evolución de la movilización desde el pasado lunes, cuenta con apoyos evidentes.
¿Quién tiene "la voz del transporte"?
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbama insiste, por boca de la ministra Raquel Sánchez, en que el Comité Nacional es el representante de las asociaciones empresariales del transporte, "elegido mediante un proceso garantista basado en la representatividad acreditada".
En este mismo sentido, Sánchez argumenta que "el Comité es la voz del transporte" y que, además, se ha renovado este mismo año a través de un "proceso reglado y tranparente" sin que "Plataforma haya conseguido representación alguna".
La legitimidad del Comité Nacional es de naturaleza jurídica, y obra, según consta en la LOTT, como entidad corporativa de base privada, dotada de personalidad jurídica, e integrada exclusivamente por las asociaciones de transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera para actuar, de acuerdo con la propia Ley, como "el cauce de participación integrada del sector, en aquellas actuaciones públicas que le afecten de forma general, que tengan un carácter relevante, o que supongan una importante incidencia".
Todo ello luce meridiano a los ojos de todos, como la propia evidencia de los efectos del paro de Plataforma.
¿Cómo podría solucionarse un conflicto si las partes enfrentadas no se dirigen la palabra para buscar una solución? ¿Qué es más democrático: respetar escrupulosamente los cauces legales o dialogar con quien sea en busca de una solución?
El verdadero problema no radica en quién tiene "la voz del transporte", sino en encontrar una solución sin que sea necesario poner en cuestión la legitimidad del Comité Nacional, un órgano que sabe perfectamente lo que es sentirse ninguneado y que haría bien en actuar para que una parte del sector no tenga esa misma sensación, a pesar de algunos comportamientos inadmisibles que deben ser erradicados.
