La negociación del convenio de transporte de mercancías de Ávila se encuentra bloqueada.

El área de la movilidad y el transporte acumula 241 infracciones de los países de la UE en 2015.

A lo largo del último año, España ha cometido un total de 83 infracciones, de las cuales 62 se han debido a una mala transposición de las directivas o a una mala aplicación del derecho de la UE, mientras que las 21 restantes obedecen a transposiciones tardías.

Por su parte, Italia encabeza la clasificación, con 89 incumplimientos, seguida de Alemania, con 88. En el lado contrario, se sitúan Croacia, con sólo 21 infracciones, Dinamarca con 23, y Malta con 24.

Por materias, el medio ambiente sigue siendo el área con mayores violaciones (276), seguido de movilidad y transporte (241) y, ya a gran distancia, por la estabilidad financiera (172), el mercado interior (129), migración y asuntos de interior (109), fiscalidad y aduanas (108), justicia y consumidores (80), empleo (75), energía (73), redes de comunicación (31) y salud y seguridad alimentaria (25).

En algunos campos la situación se está estancando, o incluso empeorando, por lo que es necesario que el mercado único se adapte a las nuevas realidades y modelos empresariales. En este sentido, la CE destaca que se están eliminando los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales en casi todos los ámbitos.

Medidas para favorecer el cumplimiento de las directivas

El procedimiento sancionador comienza cuando un Estado miembro no notifica en el plazo acordado sus medidas nacionales para la transposición, cuando su legislación no está en consonancia con la europea o cuando las autoridades nacionales no aplican correctamente el derecho comunitario. No obstante, estas situaciones se resuelven cada vez más a través del diálogo, tratando de solucionar el incumplimiento en una fase temprana.

Desde la Comisión, recuerdan la importancia de la transposición de las directivas dentro de los plazos acordados, para lo cual ayudan a los estados mediante planes de implementación, páginas web y documentos orientativos, y grupos de expertos.

También han dispuesto un formulario electrónico para facilitar la comunicación con los ciudadanos, que pueden denunciar a través del mismo las infracciones de derecho europeo que detecten.