Dársena de Escombreras del puerto de Cartagena

Un estudio de Fedea cuestiona la necesidad de tener 28 Autoridades Portuarias y 46 puertos de interés general.

Aunque el sistema portuario español es rentable en su conjunto, los puertos cada vez resultan menos atractivos para los operadores debido al elevado coste de ciertos servicios y a las elevadas tasas.

Esto ha favorecido que proliferen otros puertos en países vecinos, que han entendido la importancia y sensibilidad del coste del transbordo, según explica un estudio de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Reformas como la liberalización de los servicios de estiba o la reducción de las tasas son fundamentales para conseguir ser competitivos.

El sistema portuario español, de titularidad estatal, se compone de 28 Autoridades Portuarias. Diez de ellas mueven el 80% del total de mercancías, concentrando tres de ellas el 75% del tráfico contenerizado, mientras que en cuanto a tráfico de transbordo, el 83% del mismo se concentra en dos Autoridades Portuarias.

Estas cifras llevan a los autores del estudio a cuestionar la necesidad de tener 28 Autoridades Portuarias y 46 puertos de interés general.

Reformas propuestas por FEDEA

Se proponen cinco tipos de reformas para atajar la situación y aportar competitividad y libre competencia al sistema portuario español:

Cambio en el modelo de organización, con una racionalización y especialización portuaria, reduciendo el número de puertos de interés general y de Autoridades Portuarias.
Cambio del modelo de gobernanza, con una evolución hacia la gestión público-privada de los puertos españoles de interés general y una unificación de Autoridades Portuarias.
Cambio del sistema de planificación portuaria, bajo una estrategia estatal única basada en estudios de demanda y de mercado.
Liberalización de la estiba, instaurando la libre competencia en los servicios de estiba y desestiba, eliminando la relación laboral especial existente.
Libre competencia de los servicios técnico-náuticos, con la definición de un modelo nuevo de concesiones públicas para dichos servicios, eliminando los monopolios y facilitando la libre competencia.