La Junta de Andalucía reclama que se liberalice el peaje de la AP-4

Fomento no prevé ampliar los plazos de concesión de seis autopistas que revertirán próximamente al Estado.

El Gobierno no ha perdido la esperanza de alcanzar un Pacto de Estado con las principales formaciones políticas sobre la estrategia a seguir con las autopistas de peaje del país que empiezan a cumplir el plazo de concesión y revierten al Estado.

A pesar de el actual contexto político, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se resiste a pensar que no puedan negociar sobre este asunto, «que supera los límites de una legislatura» y promoverá un «debate sosegado» al respecto.

Actualmente, seis vías se enfrentan a esta situación, empezando por la AP-1 Burgos-Armiñón, que se encuentra en manos de la concesionaria Itínere, cuyo plazo vence en noviembre de 2018.

A lo largo de 2019, llegará el turno del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y de la AP-4 Sevilla-Cádiz, mientras que en 2021 terminará la concesión de la autopista que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y la de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, todas ellas en manos de Abertis.

Fomento no tiene previsto ampliar los plazos de concesión, por lo que todas ellas revertirán al Estado y deberá decidirse sobre la posibilidad de sacarlas a concurso para que empresas privadas las exploten a cambio de un peaje, o mantenerlas en la red de carreteras estatales.