El sindicato de transportistas Hiru ha solicitado a la Diputación Foral de Guipúzcoa que «renuncie a implantar peajes en el Territorio«, porque consideran que los peajes propuestos son «socialmente injustos y económicamente inasumibles para el sector vasco del transporte«.

En un comunicado, el sindicato Hiru, tras analizar en profundidad la propuesta realizada por la Diputación de Guipúzcoa para establecer el pago por paso en todas las vías principales de la provincia, ha instado al ente foral a que «en atención a las especiales circunstancias en las que se encuentra el sector vasco del transporte, abandone definitivamente este proyecto«.

Asimismo, ha destacado que en las actuales circunstancias , el sector del transporte de mercancías por carretera en el País Vasco y Navarra «no tiene posibilidad real de repercutir a los cargadores en la factura el coste de los peajes guipuzcoanos, tal y como debería ser«.

Desde Hiru han constatado «la voluntad» de la Diputación de Guipúzcoa «por tratar de paliar las negativas consecuencias económicas que el proyecto tendrá sobre el sector por medio de ayudas y bonificaciones por paso», pero aún así consideran «un error por su parte plantear un proyecto de peajes en vías sin alternativa, a sabiendas de que quien verdaderamente debe pagar los peajes, las empresas cargadoras, no lo van a hacer, y de que será el pequeño transportista autónomo quien tenga que hacer frente a este nuevo impuesto«.

Por otro lado, han apuntado que el establecimiento de estos peajes es «socialmente injusto», tal y como lo han justificado desde la Diputación de Guipúzcoa, es decir, «con el objetivo de hacer frente a la millonaria deuda de Bidegi«, sociedad creada por la Diputación de Guipúzcoa para la gestión de las autopistas de peaje en suelo guipuzcoana, por que «la deuda que arrastra Bidegi proviene principalmente de la construcción, ejecución y gestión de la AP-1», han explicado.

A juicio de Hiru, la deuda de Bidegi en su mayor parte es «ilegítima» porque está basada en decisiones políticas que «no se ajustaron al interés general y fueron tomadas a espaldas de la ciudadanía«, por lo que «pretender que la ciudadanía y en mayor medida el sector del transporte, paguen por decisiones contrarias a la voluntad popular y por la nefasta gestión de los mandatarios políticos de turno, es absolutamente injusto«.