El último Consejo de Ministros ha iniciado un proceso de cambio en el sector eléctrico con el triple objetivo de evitar subidas en el precio de la electricidad, garantizar la solvencia del sistema eléctrico y avanzar en la transición energética.
En definitiva, el Gobierno pretende crear un fondo para sacar el coste de las renovables de la factura de la luz, que asciende a unos 7.000 millones de euros, y trasladar estos costes a las empresas energéticas, para evitar la subida de la factura de la luz para los particulares a partir del año próximo.
Según los cálculos del Ejecutivo, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico, mientras que la creación de este fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13%.
Resultado probable, subida de los combustibles
Sin embargo, pese a la bondad de medida a priori, todo parece indicar que las empresas energéticas intentarán repercutir los costes que tengan que aportar a este fondo a través de un incremento del precio de los combustibles.
Aunque la propuesta contempla mecanismos para garantizar la equidad y la redistribución justa de rentas en su implementación, con exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y para para evitar el doble cómputo en usos intermedios de la energía, incluyendo el gasóleo de usos profesionales, todo parece indicar que acabará afectando al transporte de una manera u otra si acaba saliendo adelante.