La primera mesa de negociación entre cargadores y transportistas con la mediación del Ministerio de Transportes ha servido de primera toma de contacto.
Con las posiciones perfectamente delimitadas, cada una de las partes aguarda con interés a que se defina exactamente el papel mediador que va a jugar el Departamento y muy especialmente el de María José Rallo, que ha liderado con energía y buena mano esta nueva ronda de conversaciones.
Parece ser que el primer asunto que se va a debatir de entre todos los planteados es el de una nueva regulación para las labores de carga y descarga, con el claro objetivo de tener una norma definida en diciembre y la vista puesta en que pueda entrar en vigor con el comienzo de 2021, tal y como ya indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.
Desde que se desató la pandemia, en el sector ha crecido el debate en torno a la necesidad de prohibir estas labores, al menos de manera coyuntural, con el fin de evitar contagios entre los conductores profesionales.
Trabajo también tendrá algo que decir
Sin embargo, ahora el abordaje se hace desde un punto de vista más integral y buscando un necesario acuerdo entre transportistas y cargadores que permita la necesaria flexibilidad que requieren estas labores en algunos segmentos, al tiempo que se combina con garantías para las empresas de transporte en relación con las paralizaciones y la gestión de los costes que les suponen estas actividades.
Así pues, la plasmación final de la norma podría requerir la intervención del Ministerio de Trabajoen aquellos aspectos relacionados con las funciones de los conductores o la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en las labores de carga y descarga
De igual modo, esta regulación está íntimamente relacionada con el cambio en los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte que proponen los cargadores, para facilitar la introducción de las composiciones de 44 toneladas en las carreteras españolas, problema en el que se ha producido un cierto cambio en la postura de las asociaciones de transporte que podría ayudar a un acuerdo.
En este sentido, la negociación no implica ceder una cosa por la otra, ya que los transportistas también quieren compromisos en relación con el pago en plazo de los servicios de transporte contratados y la inclusión del plazo de manera explícita en el contrato de transporte, así como sanciones a partir de un determinado plazo, aún por cerrar.
En definitiva, pese a que el Comité Nacional parece proclive al acuerdo, tampoco va a ceder a cambio de nada, por lo que se esperan avances en próximas reuniones que se irán celebrando cada tres semanas, aunque el calendario podría variar para adaptarse a las condiciones de la negociación, en un escenario que no ofrece facilidades para cumplir con el objetivo de tener una nueva norma en diciembre.