En Madrid, la denuncia de la Comisión se produce cuando el proyecto de Madrid Central es objeto de revisión.
Tal y como se esperaba, la Comisión Europea finalmente ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no respetar los valores límite de dióxido de nitrógeno, procedente fundamentalmente de motores diésel y de emisiones industriales, en la atmósfera, como parte de su acción reforzada de la Comisión en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire.
Los datos más recientes sobre la calidad del aire facilitados por España confirman, a juicio de las instituciones europeas, "el incumplimiento sistemático de las normas de la UE respecto a los valores de dióxido de nitrógeno (NO2), jurídicamente vinculantes desde 2010".
En concreto, la Comisión motiva su decisión por el incumplimiento reiterado de los límites legales de NO2 en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y las comarcas de El Vallés y el Bajo Llobregat, toda vez que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi 9.000 muertes prematuras anuales.
La normativa europea establece que los Estados miembros deben adoptar planes de calidad del aire y garantizar que dichos planes establezcan medidas adecuadas y que se dejan a la elección de cada país, para que el período de superación de los valores sea lo más breve posible.
Esta reacción de la Comisión Europea se produce cuando, por un lado, Barcelona ya ha elaborado un plan de limitación de emisiones, e incluso baraja la posibilidad de establecer un peaje en el acceso a su área metropolitana, al estilo de Londres, mientras que, por otro lado, en Madrid se produce un intenso tira y afloja político a cuenta de Madrid Central, cuyo proyecto está en revisión por el nuevo equipo de Gobierno municipal.