Rosa Aza Conejo, principal candidata a la presidencia de El Musel

La deuda de la Autoridad Portuaria de Gijón por la ampliación de El Musel ascendía a finales del ejercicio pasado a 459 millones de euros, según indica la reciente auditoría realizada por la Intervención General del Estado sobre las cuentas de 2012 de la entidad portuaria.

La auditoría también indica que los dos grandes acreedores son el Banco Europeo de Inversión (BEI), al que aún se le adeudan 244,4 millones de euros de los 250 millones de préstamo, y Puertos del Estado, cuyo crédito de 215 millones sólo genera durante los primeros siete años los correspondientes intereses, comenzando a abonar el principal a partir de ese tiempo.

Se prevé que antes de fin de año la Unión Europea aporte a la obra 49,5 millones de euros correspondientes al 20% de los 247,5 millones de subvención del BEI y que aún falta por pagar, lo que aliviará las cuentas del Puerto de Gijón.

Según la auditoría, entre entre 2014 y 2016 la Autoridad Portuaria de Gijón deberá abonar 13,1 millones anuales al BEI y, además, tendrá que seguir realizando aportaciones a Puertos del Estado, que hasta finales de 2012 se situaron en 7,1 millones de euros.

Con estos datos y obligaciones de deuda, las cuentas de la entidad registraron pérdidas antes de impuestos en sus dos últimos ejercicios, de 13 millones en 2011 y de 4,4 millones el pasado año.

Modo de armotización de obras poco favorable

En la auditoría, la Intervención General del Estado advierte que el modo elegido por los responsables portuarios para acometer la amortización de las obras de ampliación del puerto asturiano no es el más correcta porque aplican los coeficientes máximos fiscales. Los auditores creen que esas pérdidas de los años 2011 y 2012 «están sobrevaloradas», ya que al calcular la amortización no se tuvo en cuenta la vida útil de las instalaciones.

Las importantes pérdidas económicas registradas en los dos últimos ejercicios han provocado que fuera necesario incrementar las tasas a los barcos, las mercancías y las personas en el puerto de El Musel, aunque posteriormente se tratara de paliar en la medida de lo posible con la aplicación de algunas bonificaciones a las empresas que registraban un mayor número de operaciones en las dársenas de Gijón.