Tres sentencias judiciales en contra no parecen suficientes para que la DGT piense en retirar el desvío obligatorio de camiones de la N-232 a su paso por La Rioja a la AP68.

La película es antigua ya. La protagonizó Paco Martínez Soria allá por 1970, se titulaba ‘Don Erre que Erre’ y, aunque ha llovido mucho desde entonces, a pesar de la contumaz sequía, tiene dignos seguidores ya bien avanzado el siglo XXI, porque, como dejó dicho Camilo José Cela, en este país, «el que resiste, gana» y más si quien tira, lo hace con pólvora ajena (pública).

Así pues, pese a que las decisiones de los órganos judiciales han dejado bien claro que esta medida no estaba justificada adecuadamente y que, además, no era proporcional, los responsables de Tráfico en esta comunidad autónoma insisten en público en que las resoluciones judiciales «no cambia nada y que los camiones no pueden circular por la N-232».

La DGT en La Rioja insiste en que el desvío seguirá vigente en 2021 y justifica esta decisión en que cuenta con estudios documentados que indican claramente un descenso de la siniestralidad en la N-232.

‘Declaraciones inadmisibles’

Ante este panorama, CETM La Rioja califica de «inadmisibles estas declaraciones de alguien que ostenta una responsabilidad pública, ya que cualquier decisión que tome desde su cargo, además de mejorar la vida de los ciudadanos se ha de ajustar a derecho, algo que aquí, como la Justicia ha dado a conocer hasta en tres ocasiones, no ocurre«.

Los transportistas riojanos no entienden «cómo en numerosas ocasiones se nos ha trasmitido la imposibilidad de flexibilizar este desvío para los transportistas riojanos, lo más perjudicados por la medida«.

En este mismo sentido, la patronal regional estima que «todo apunta a que los tribunales anularán la restricción de 2018, 2019 y 2020 en un futuro no muy lejano, pese al empecinamiento de mantener esta medida vigente y no buscar ninguna solución para esta medida injusta y desproporcionada a partes iguales».

Por este motivo, animsa a todos los transportistas a reclamar los costes que este desvío supuso para ellos en 2017.