instalaciones de Buytrago en Guarroman en Jaen

«No hay una administración judicial que esté vigilando la liquidación» que se está llevando a cabo en Transportes Buytrago. De esta forma, la empresa está instalada desde hace cinco meses, «al margen de la ley y sin concurso de acreedores», según ha asegurado el responsable de carretera de CCOO, José Antonio Fernández.

Entre el preconcurso de acreedores, una figura creada por la ley para dar viabilidad a la empresa, y el concurso de acreedores, se otorgan tres meses, con una prórroga de un mes más para negociar con los encargados de dar esa viabilidad, pero en el caso de Transportes Buytrago, «ya se ha decidido que la empresa no es viable». 

Por ello, desde CCOO se considera que desde primeros de marzo, fecha en la que se solicitó el preconcurso hasta ahora el grupo «está haciendo una preliquidación y preparándose para el concurso», una situación que Fernández ha calificado de «fraudulenta», al tardar más de lo estipulado en solicitar el concurso de acreedores y al no haber ninguna administración judicial que dé «transparencia» a este proceso.

Sin embargo, a pesar de no tener constancia desde la empresa, Fernández ha informado de que «recientemente, el grupo podría haber pedido la solicitud de entrada en concurso de acreedores», aunque, «con cierta alevosía», porque hasta septiembre no se podrá comenzar con el proceso, al ser agosto un mes inhábil.

Impugnado el ERE

Por otro lado, el próximo 9 de septiembre el sindicato tendrá la vista sobre la impugnación del expediente de regulación de empleo que se realizó al 80% de la plantilla a finales de abril. Sólo queda operativo un equipo de 40 personas, administrativos «para liquidar la empresa» y varios conductores para centralizar las gabarras en los dos centros de Madrid y Guarromán.

Esta impugnación del ERE viene después de que el periodo de consultas que se realizó entre marzo y abril concluyese sin acuerdo, a pesar de ofrecerse una indemnización, debido a que «no se garantizaba su pago» y se posponía hasta «la liquidación del concurso». Además, según el sindicato, aún se debe a los empleados «dos o tres meses de pagas extras». 

«Nosotros creemos que la empresa tiene más dinero del que dice tener», se ha señalado desde CCOO, aunque confía en que las responsabilidades que tenga la empresa en el cese de la actividad se aclaren en el concurso de acreedores y que se reconozca la improcedencia del ERE al realizarse también «de manera fraudulenta», lo que conllevaría que los empleados despedidos «tengan derecho a una mayor indemnización», ha indicado Fernández.