La UE exige a España que modifique la Ley sobre autorizaciones a vehículos para transporte de mercancías

Si en el plazo de dos meses la legislación española no se adapta a la normativa comunitaria, la Comisión podría denunciar a España ante el Tribunal de Luxemburgo.

26/05/2011 a las 11:33 h

Vehículos de transporte de mercancías

La Comisión Europea ha exigido este jueves a España que adapte a la legislación comunitaria su normativa sobre concesión de autorizaciones a camiones para transporte de mercancías.

En concreto, el ejecutivo comunitario considera “desproporcionado” el requisito que obliga a que los vehículos pesados de transporte de mercancías no tengan una antigüedad superior a cinco meses desde su primera matriculación para obtener una autorización de transporte privado complementario.

Según la Comisión, esta exigencia no se ajusta al principio de reconocimiento mutuo establecido en el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la UE relativo a la libre circulación de mercancías, ya que “en la legislación española no se tiene en cuenta que dichos vehículos ya cumplen los requisitos técnicos europeos o nacionales para poder circular en el Estado miembro de origen", ha indicado la CE.

Por otra parte, esta exigencia no se basa en un motivo legítimo, como la protección del medio ambiente o la seguridad vial, fines que, según el el ejecutivo comunitario, pueden alcanzarse con otro tipo de medidas menos restrictivas.

La legislación española sobre transporte por carretera prevé que un vehículo pesado de transporte de mercancías no debe superar los cinco meses de antigüedad desde su primera matriculación para poder obtener la autorización de transporte privado complementario exigida para su importación y utilización en España. De hecho, sin dicha autorización, el vehículo solo puede utilizarse para uso particular.

El ultimátum del ejecutivo comunitario ha sido adoptado mediante un dictamen motivado (segundo paso del procedimiento de infracción) y en él se le da a las autoridades españolas un plazo de dos meses para responder a estas cuestiones. En caso de no hacerlo o de que sus argumentos no fueran satisfactorios, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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