Suele decirse que el transporte por carretera tiene un grave problema de imagen. Y es cierto, porque nadie parece prestar atención a las inversiones que hacen transportistas e industria de automoción para intentar reducir sus emisiones contaminantes, ni a la falta de alternativas limpias al diésel en los servicios de larga distancia, ni al callado trabajo que hacen para abastecer de productos a una de las zonas más ricas del planeta.

Hasta los políticos europeos solo tienen ojos para lo que, a su juicio, contaminan los camiones.

En una reciente entrevista con diversos medios del continente, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se ha mostrado favorable a «reducir el transporte por carretera en favor del ferrocarril y las vías navegables», declaración que, de tantas veces oída, no sorprende porque va en la senda con la tradicional línea marcada por las instituciones europeas desde hace más de una década y que pocos frutos ha dado, no solo en España, sino también en el resto de la Unión.

Sin embargo, el vicepresidente primero de la Comisión Europea ha ido en esta ocasión un paso más allá, en consonancia con el Acuerdo Verde lanzado recientemente por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, para, al tiempo que proponía una introducción generalizada de la euroviñeta, defender un gravamen al carbono, ya que, sencillamente, en su opinión, «no hay razón para no ponerlo en los vehículos que lo emiten».