El propietario de Codesport, Agapito Iglesias, se enfrenta, junto al resto de acusados en el 'caso Naves', a penas de hasta 16 años de prisión por malversación de caudales públicos, si bien la Fiscalía, el Gobierno de Aragón y Plaza rebajan su petición hasta los ocho años por este delito.
Iglesias se ha sentado en el banquillo ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, junto al exviceconsejero de Obras Públicas en la etapa de Marcelino Iglesias en el gobierno autonómico, Carlos Esco, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el ex director técnico de la plataforma logística, Miguel Ángel Pérez Cervantes, en un juicio oral que ha quedado visto para sentencia.
El Ministerio Fiscal ha reclamado ocho años de prisión para los cuatro acusados por malversación de caudales públicos, al entender que al constituirse la sociedad gestora de Plaza con un 100% de capital público, ya que posteriormente entraron las dos principales cajas de ahorros aragonesas, Ibercaja y CAI, cabría este delito.
No obstante, y en la misma línea que los letrados del gobierno de Aragón y de la propia plataforma logística, ha pedido que, en caso de no considerarlo así, se les condene por delito societario con una pena de seis años de cárcel.
"Plaza pagó lo que no tenía que pagar"
Para el fiscal, Javier Checa, "sin saber por qué" y según "un contrato que nadie firma",Codesport,empresa propiedad de Agapito Iglesias, factura a Plaza las obras de construcción de unas naves en la plataforma y esta, a su vez, lo hace a Autocity, compañía compradora de las mismas que introdujo modificaciones en el proyecto que implicaron un incremento del coste que a lo largo del juicio se ha fijado en 13 millones de euros.
Checa ha considerado que las modificaciones introducidas son "innumerables" y "absolutamente tremendas" y que, en todo caso, aunque se admitieran, "Plaza pagó lo que no tenía que pagar".
Iglesias, el mayor beneficiario
Laura Martínez, abogada de la plataforma logística en la causa, ha incidido en que Iglesias, Esco, García Becerril y Pérez Cervantes actuaron "de común acuerdo desde el principio y hasta el final" con un plan "preconcebido", comenzando por unos pliegos que, según correos electrónicos en poder de la justicia, fueron redactados por la propia Codesport y con una "ambigüedad deliberada" y "falta de detalle" que, a posteriori, permitió "todos los desmanes".
El "gran beneficiario"de toda esta operación, con la no modificación del contrato de adjudicación tras la incorporación de Autocity y el posterior sobrecoste, sería Agapito Iglesias, cuya empresa habría cosechado un margen de beneficios de hasta el 10%, por encima de la media de Codesport.
Estas tres partes han solicitado también que, alternativamente a los delitos societario o de malversación, se condene a los cuatro procesados por falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida y fraude. La única acusación que ha mantenido su petición de penas, entre 13 y 16 años de prisión, es UPyD.