Comisiones Obreras y UGT estiman que desde primeros de mes «Correos ha dado un paso más en la reducción de medidas de seguridad y agrava la situación al ordenar volver a repartir a domicilio todos los envíos con entrega contra reembolso, que desde el inicio de la pandemia se entregaban en las oficinas».

Según ambas centrales sindicales, que parecen olvidar que en plena pandemia los operadores de paquetería han continuado con los repartos a domicilio, este cambio supone un «importante incremento del riesgo de contagios, porque además de obligar a recoger físicamente la firma del ciudadano, se obliga a realizar un intercambio de dinero en efectivo».

Los dos sindicatos defienden que ambos cambios «obedecen exclusivamente a motivos económicos, ya que en el caso de las notificaciones la empresa se pliega a los deseos de los grandes clientes para evitar tener que pagar indemnizaciones, y en el caso de los reembolsos, intentan aprovechar un cambio normativo en la fiscalidad de los envíos provenientes de fuera de la Unión Europea para cobrar a los destinatarios una cantidad añadida por la gestión de la liquidación del IVA transfronterizo».

En este sentido, los representantes de la plantilla del operador público califican la situación de «maniobras empresariales para evitar gastos y generar nuevos ingresos cobrando a los destinatarios por este nuevo servicio».

De acuerdo con sus cálculos, con esta práctica se desviaría hacia el reparto domiciliario más de 60.000 envíos diarios para que dejen de entregarse en las oficinas y, de este modo, «evitar la bochornosa imagen de las colas de la ciudadanía ante las oficinas, ya de por sí habituales a consecuencia de los recortes de horarios de atención y de plantillas».

Ante esta realidad, ambos sindicatos piden que se «vuelva atrás en la decisión adoptada, y que todos los envíos registrados, sean del tipo que sean, vuelvan a entregarse sin que sea necesario recoger la firma física de la persona destinataria».