Existen mercancías que han sido desviadas, mientras que otras siguen retenidas a la espera del certificado de capturas o alguna aclaración.
La Federación Española de Transitarios, Feteia, ha transmitido a la ministra de Sanidad y Consumo, Mª Luisa Carcedo, su preocupación ante el desvío de mercancías a otros puertos comunitarios donde los inspectores de Sanidad de los PIFs no solicitan los certificados de capturas para verificar si los buques están autorizados a exportar a la Unión Europea.
Pese a que a finales de agosto de 2018 se dejó en suspenso esta solicitud de documentación hasta que la Comisión Europea informase sobre cómo actuar en todos los Estados Miembros, en marzo de 2019 se ha publicado una instrucción para que se empiecen a pedir los certificados.
Por tanto, se han empezado a paralizar en los puertos contenedores que ya habían llegado, lo que ha afectado especialmente a la zona de Galicia y ha llevado a los operadores a desviar sus mercancías a otros donde no se aplica esta norma, con la consiguiente pérdida de competitividad de los recintos españoles.
Cambio de criterio
Sin embargo, el 2 de abril se ha publicado una nueva instrucción anulando la anterior, generando una situación "caótica", pues ahora hay mercancías desviadas a otros puertos, y otras retenidas a la espera del certificado o de alguna aclaración pese a que esta instrucción ya no lo exige.
Ante este panorama, "los operadores no se atreven a introducir mercancías a través de los puertos españoles, debido a la inseguridad jurídica existente, y los proveedores se niegan a cargar sus mercancías con destino a España" tal y como denuncian desde Feteia.
Por ello, han pedido a la ministra que aclare quién ha sido el responsable de hacer circular esta instrucción, así como su modificación, y por qué en otros Estados Miembros no hay constancia.
También se plantean cómo es posible que se obligue a un inspector veterinario a tomar una decisión basándose en la interpretación de un Certificado de Capturas cuando no tiene capacidad para verificar su autenticidad y que este documento pueda invalidar el certificado sanitario oficial de origen.
Así, preguntan si los inspectores serían los responsables si la información proporcionada no fuera la correcta o si se desautorizaría a la Autoridad de Pesca por sospecha de fraude de un certificado sanitario sellado por una autoridad de un país tercero, que sigue siendo fiable para la Unión Europea.
Improvisación en la toma de decisiones
Por otra parte, cuestionan el hecho de que si se detecta un incumplimiento por parte de países como China, la Unión Europea no les retire la fiabilidad y les prohíba la exportación a países comunitarios hasta que se subsanen las incidencias.
Desde la Federación, entienden que los controles sanitarios en frontera responden a una lógica preventiva para evitar la propagación de enfermedades derivadas del tráfico internacional, pero han detectado una gran improvisación, sin valorar el impacto que pueda tener todo esto en la economía española.
También creen que resulta extraño que no se haya informado previamente a los operadores y establecido unos plazos para la entrada en vigor de los cambios. En este sentido, consideran que lo lógico sería que los reglamentos comunitarios se aplicaran de forma simultánea en toda la Unión Europea.