En tan sólo unas semanas, el sector del transporte ha pasado de los titulares y los aplausos a la ignorancia y el olvido, acumulándose los desplantes y los problemas añadidos a su precaria situación.
Desde la Federación Nacional de Transporte por Carretera creen que la labor que han desarrollado los transportistas desde el inicio del estado de alarma no se corresponde con la actitud de la Administración y los cargadores, que ya "han recuperado su habitual posición de ninguneo al sector".
El sector ha sido "castigado y abandonado a su suerte" en numerosos aspectos. Por ejemplo, desde que comenzara la alerta sanitaria en el país, el Comité Nacional de Transportes ha venido denunciando que en los principales centros de carga se sigue obligando a los conductores a realizar las labores de carga y descarga.
Se solicitó que fuera prohibido por Ley, pero el Ministerio se excusó en la casuística para "justificar su posición de apoyo a la otra parte implicada". De este modo, unos se ahorran miles de puestos de trabajo, mientras los otros se ven obligados a hacer un trabajo por el que no cobran y que puede acarrearles problemas de salud.
Peajes e ITV
Otra de las cuestiones que han denunciado los transportistas ha sido la eliminación de las bonificaciones en la AP-7 y la AP-2 para vehículos pesados, que llegaban al 50% en algunos tramos.
El motivo es que la DGT eliminó a su vez las restricciones al tráfico pesado de la N-340, N-2 y N-240. Por tanto, desde Fetransa creen que se ha querido premiar a las concesionarias penalizando al transportista.
En este sentido, la Comunidad Foral de Navarra pretende imponer peajes en cinco carreteras no concesionadas para recaudar 45 millones anuales, pese a que según explica la Federación, reciben del transporte casi 275 al año que deberían ser destinados al mantenimiento de carreteras y no se han utilizado en su totalidad.
A todas estas medidas se añade la Orden del Ministerio de Sanidad que establece que en la ITV, se tomará como referencia la fecha de validez y no computará la prórroga de los certificados concedida durante el estado de alarma. En la práctica, para los vehículos de más de 10 años, esto implica que tendrán que pasar la inspección dos veces seguidas.
Por todas estas cuestiones, en Fetransa están convencidos de que es necesario un cambio en las relaciones del sector con la administración y los cargadores. Además, creen que "la pelota está en el tejado del ministro Ábalos", al que trasladarán próximamente sus quejas.