Panrico ha aparcado el concurso de acreedores tras lograr esta pasada madrugada un acuerdo definitivo con los sindicatos sobre el plan de ajuste propuesto por la compañía, que incluye el despido de hasta 745 trabajadores y una rebaja salarial de hasta el 18% para una plantilla de más de 2.000 empleados.
Los despidos se realizarán entre 2013 y 2016. Sin embargo, en función de la buena evolución del negocio, las extinciones laborales en los años 2015 y 2016 podrán o no realizarse.
La dirección de la compañía de bollería ha logrado que el acuerdo sea definitivo y vinculante, después de que la mesa negociadora lo haya respaldado con nueve de sus trece miembros.
Además, Panrico prescindirá de 300 autónomos de su red de distribución y rebajará un 15% los salarios de los 1.500 restantes, según el preacuerdo al que ha llegado la dirección de la empresa con la asociación de autónomos ATA, que representa a las organizaciones Atapan, Asra y Atad, y UGT.
Este acuerdo, sin embargo, deberá ser refrendado en las diferentes asambleas de autónomos, según ha informado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
En un principio eran 500 los autónomos afectados por el ERE, cifra que finalmente se ha rebajado hasta 300, con 25 días por año trabajo de indemnización y un tope de 14 mensualidades, que se pagarán en 18 meses, debido a la situación financiera de la compañía. Estas condiciones también se aplicarán a los despidos de la plantilla.
Asimismo, se establece una reducción de las retribuciones medias de los autónomos del 15%, así como un nuevo sistema de retribuciones que sea más equitativo.
Las negociaciones entre la dirección de la empresa y los autónomos se mantienen desde el pasado viernes, después de que la semana pasada suspendieran el reparto debido al incumplimiento del pago de las facturas del mes de octubre por parte de la compañía.
Esta situación, finalmente se ha resuelto, una vez que el pasado sábado se llegó a un preacuerdo presentado por la compañía, que contó con los votos en contra de los representantes de los centros de Barcelona, Madrid y Murcia, mientras que las de Córdoba, Valladolid y Zaragoza respaldaron el nuevo plan.