Conaer, Concesiones Aeroportuarias, estudia declararse en concurso voluntario de acreedores tras la ruptura del contrato de concesión por parte de la Generalitat Valenciana. La empresa, controlada por Globalvía, fue la encargada de construir el aeropuerto de Castellón, y debía realizar la gestión del mismo durante los próximos 47 años.
Sin embargo, la Generalitat, a través de Aerocas, anunció la ruptura del contrato para la gestión del Aeropuerto de Castellón el pasado 3 de enero, cuando Globalvía ya había interpuesto el 28 de diciembre una denuncia en el Juzgado de lo Mercantil de Castellón contra la Generalitat por incumplir el acuerdo de gestión con la firma.
El contrato, de marzo de 2011, garantizaba a Conaer que Aerocas cubriría las pérdidas de la concesionaria los ocho primeros años de explotación. Con una deuda de más de 86 millones de euros, Coaner debe 8,5 millones de euros a las constructoras FCC y Lubasa, 34 millones a los bancos, entre ellos el Santander, y 44 millones a Aerocas, que le concedió un préstamo participativo. Al final, la inversión de Conaer en el aeropuerto fue de 120 millones de euros, 8,5 más debido a los imprevistos.
La empresa planteó como alternativa una novación que cubriese las pérdidas de los primeros años, con opción a renunciar a la concesión a partir del sexto año, cobrando el total de la inversión realizada, menos la parte amortizada.
El Plan Económico del Aeropuerto de Castellón se basaba en unas previsiones de tráfico de unos 350.000 pasajeros en el primer año, con unas perdidas para el primer estimadas de casi cinco millones de euros. Con esta previsión de pérdidas tan elevadas y sin operador la Generalitat decidió rescindir el contrato.
Tal es la situación que Conaer va a exigir una indemnización de, al menos, 80 millones de euros. La cuantía de la indemnización se desglosa en los 33 millones aportados por los socios, el préstamo de 34 millones de los bancos, los 8,5 millones de las constructoras, más 3,88 millones por las pérdidas de 2011. También baraja la posibilidad de pedir una indemnización por lucro cesante.
Desde la Generalitat consideran que el pago al que tenía derecho Conaer era el derecho de concesión durante 47 años, no a una cantidad económica. De esta manera, se debe valorar cuánto vale ese derecho que podría ser mucho menor que los 80 millones que pide Conaer.