En noviembre se han cumplido 25 años de la publicación oficial de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que entró en vigor en diciembre de 1992 y que vino a sustituir a un modelo de gestión portuario en el que coexistían tres modelos diferenciados.

Así, por un lado los puertos de Barcelona, Bilbao, Huelva y Valencia disponían de un régimen de autonomía y estaban gestionados por unos organismos públicos denominados Puertos Autónomos. El resto de puertos de interés nacional, hasta un total de 23 puertos, se gestionaban de forma más centralizada, a través de las Juntas de Obras de los Puertos que dependían del entonces Ministerio de Obras Públicas. Por último, un órgano centralizado en Madrid, la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, englobaba al conjunto restante de puertos que ni siquiera tenía personalidad jurídica propia.

25 años de un «modelo novedoso y de éxito»

En la actualidad la regulación de la estructura y la gestión del sistema portuario se basa en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en sus modificaciones de 1997 y del 2003. Hoy en día, el Sistema Portuario español de titularidad estatal está formado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control corresponde al Ente Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno.

Puertos del Estado ha celebrado este aniversario con un concierto celebrado en la sede de la Fundación Albéniz de Madrid al que asistieron la mayor parte de los presidentes de todas las Autoridades Portuarias de los puertos de interés general, el propio presidente de Puertos del Estado, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y el ministro de Fomento.

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José Llorca, presidente de Puertos del Estado, durante su intervención.

La creación del ente Puertos del Estado supuso en su momento «un gran paso adelante en la modernización del país» que introdujo un nuevo modelo portuario que, además, ha aprovechado todas las virtudes del sistema descentralizado de gestión que existe en España y se ha convertido en una «herramienta decisiva al servicio de la economía productiva», tal y como señaló en su intervención de bienvenida el presidente del ente portuario, José Llorca.

A juicio del presidente de Puertos, el sistema de gestión de los puertos de interés general aúna en un «modelo novedoso y de éxito» la gestión individual de cada puerto con la supervisión nacional para que el sistema tenga un desarrollo coherente y homogéneo.

Todo este sistema se basa, como recordó Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en la autosuficiencia de cada puerto que, además, «supuso un paso definitivo en el proceso de liberalización» de la economía española basado en «un equilibrio entre lo local y el interés general».

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Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en la celebración del 25 aniversario de Puertos del Estado.

Según datos de Puertos del Estado en estos 25 años se han realizado inversiones por valor de 13.000 millones de euros, lo que arroja una media anual, como refiere José Llorca, de 600 millones de euros en el sistema portuario español.

Así mismo, en este cuarto de siglo los tráficos de mercancías en los puertos de interés general se han multiplicado por 27 y el sistema ha pasado a jugar un destacado papel en los flujos internacionales de mercancías.

Retos de futuro

Sin embargo, Puertos del Estado ya piensa en los retos de futuro que tiene el sistema y que tienen que ver con la economía 4.0, la sincromodalidad, la descarbonización del transporte marítimo, la robotización de las actividades portuarias y la digitalización de las empresas.

En este sentido, el ministro de Fomento explicó que, además del gasto en infraestructuras, las inversiones ahora están girando hacia la conectividad de los puertos con su entorno a través de las inversiones público-privadas, así como para favorecer su integración en las ciudades y anunció que se está trabajando en un plan específico para mejorar la sostenibilidad del sistema portuario español, de acuerdo con los objetivos nacionales de lucha contra el cambio climático.