El creciente aumento del mercado de reposición de neumáticos usados puede causar un gran perjuicio para el medioambiente. Por ese motivo, Signus, junto con las asociaciones nacionales Cetraa, Conepa y Ganvam, implantará estrictas medidas de control en los puntos de generación que puedan crear dudas razonables sobre la procedencia de los neumáticos usados que comercializan, en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1619/2005 sobre neumáticos fuera de uso.

Asimismo, informará de dichas dudas a la autoridad medioambiental competente con objeto de que realicen la labor de inspección que corresponda.

En concreto, la venta de neumáticos usados adquiridos en el extranjero  o procedentes de los desguaces  tienen la consideración de neumáticos de reposición y, por tanto, los responsables de su venta en España tienen que adherirse a un SIG de NFU (sistema integral de gestión de neumáticos usados) y abonar la correspondiente cantidad para financiar la recogida y correcta gestión del residuo que se genere tras su utilización como ya están haciendo algunas de estas empresas. En caso contrario, estarían incumpliendo sus obligaciones medioambientales y obteniendo de manera desleal un beneficio y una ventaja competitiva que no les corresponde.

La creciente demanda de este tipo de neumáticos está provocando la aparición de talleres dedicados casi en exclusiva al montaje de neumáticos usados, que solicitan a Signus la recogida gratuita de los residuos sin que en muchos casos haya un conocimiento claro de su procedencia y del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Real Decreto 1619/2005.

En ocasiones, además, estos talleres no están legalmente establecidos y generan un grave perjuicio al sector tal y como vienen denunciando las asociaciones nacionales Cetraa, Conepa y Ganvam.

En 2012 Signus gestionó 26.000 toneladas de neumáticos usados por encima de su obligación, equivalentes a más de 3,5 millones de neumáticos de turismo, provenientes en gran medida del citado fraude. Ello supone a la entidad un sobrecoste anual de más de 5 millones de euros.