Cada país está respondiendo al desafío que supone la propagación del coronavirus con las medidas que considera oportunas y que van desde la pura dejadez hasta un celo furibundo.

En el caso de la frontera que separa Bulgaria de Turquía, concretamente en el paso de Kapikule entre ambos países, se está dando del caso de que se obliga a realizar un período de cuarentena de catorce días tanto a los conductores, como a las mercancías procedentes de la Unión Europea.

La medida, que incluye también productos de primera necesidad y perecederos, ha provocado la reacción de la IRU que solicita la intervención de la Comisión Europea para parar lo que estima «medidas desproporcionadas».

A juicio de la organización internacional, esta postura de las autoridades aduaneras turcas no solo altera los flujos comerciales en la región, sino que, además, también interrumpen otras líneas más largas entre Europa y Asia en las que Turquía es un eslabón geoestratégico fundamental.

A juicio de la IRU, el transporte internacional de mercancías es el sistema que mantiene incólume el abastecimiento de productos de primera necesidad a poblaciones que, en mayor o menor medida, viven medidas de confinamiento para evitar una mayor propagación de la pandemia del coronavirus.