El acuerdo rápidamente ha levantado ampollas en la Xunta de Galicia, que desde hace tiempo viene reclamando la gestión de la AP-9, aunque según el Ejecutivo, no dispone de las competencias necesarias.
Se calcula que los peajes subirán de cara a 2025, en función del IPC, entre un 18% y un 24%, una situación que está provocando un aumento de los desplazamientos por carretera convencional.
En total, tres autopistas sufrirán una variación superior a la media, pues a la AP-9 le siguen la AP-7 Alicante-Cartagena y la AP-46 Málaga-Alto de la Pedrizas.
Los usuarios solicitan el reintegro de los peajes abonados en el peaje de Rande entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, mientras se realizaban las obras de ampliación del puente.
Es necesario realizar un estudio global sobre los efectos en el servicio de la introducción de nuevas conexiones en el entorno de Vigo como el de la liberación del peaje de Redondela.
El Gobierno dice no mantener ninguna posición contraria a esta medida, pese a que en Fomento reconocen no ser muy partidarios de transferir autopistas que unen elementos estratégicos.
Muchos transportistas no han podido entregar sus mercancías a tiempo, además de ver reducidos sus ingresos, por la obligación de cumplir con unos tiempos máximos de conducción.
Desde Fetram, advierten de que sería "un despropósito" aumentar el precio de los peajes para que Audasa recupere la inversión en diversas obras de la autopista.