Para el ministro de Industria, con decisiones como la de Joaquín Almunia, lo único "que hemos conseguido es que la actividad industrial en España y Europa deje de hacerse en nuestro territorio y se relocalice en otros mercados como son los asiáticos".
La apertura de esta investigación no cuestiona el principio de este tratamiento fiscal, pero la Comisión debe garantizar que el régimen español no excede de lo perminitido por la normativa comunitaria.