El órgano judicial madrileño da la razón a la Inspección de Trabajo, ya que considera el encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social de los repartidores depende de si son autónomos o asalariados.
A esta cifra hay que añadir, según los cálculos de las centrales sindicales, otros 76 millones de euros de ahorro en cotizaciones a la Seguridad Social.
La Justicia en Madrid ha estimado que "los repartidores esencialmente han ejecutado un trabajo personal en unas condiciones organizadas y dirigidas por la empresa".
Se obligará a las empresas fraudulentas a regularizar la situación laboral de los falsos autónomos con carácter retroactivo durante los últimos cuatro años.
La Inspección de Trabajo va a iniciar una campaña de inspección de este tipo de empresas, en colaboración con la Agencia Tributaria, la Inspección de Transportes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como parte de una línea de actuación prioritaria.