Desde la Junta exigen el mismo trato que en el caso de la AP-9, donde el Gobierno ha asumido el coste total de la liberalización de la vía en dos tramos.
La decisión implicaría la devolución de los terrenos adjudicados, un total de 40 hectáreas, y del pago de intereses, estimados en torno a 2,3 millones de euros.
Aunque no se ha establecido un plazo concreto, el fin de la legislatura podría ser un momento "razonable" para completar las obras de la terminal ferroviaria.
La federación confía en que las propias asociaciones de transportistas puedan realizar los trámites para que los profesionales se sientan más "aliviados".
El objetivo de la colaboración es garantizar la correcta competencia entre empresas y mejorar las condiciones sociales de los conductores profesionales.
El Ministerio acelerará los proyectos que están en marcha en la Comunidad Autónoma, entre los que destaca la finalización de la Autovía del Duero o la conexión entre España y Portugal.