La nueva ley,desarrollada con la colaboración del sector marítimo, deroga la desfasada normativa, recogida en el Libro III del Código de Comercio de 1885, y adapta el Derecho Marítimo español a las nuevas directrices europeas.
Con esta ley se pretende llevar a cabo una reforma amplia del Derecho marítimo español contemplando todos sus aspectos, que implique, no sólo una actualización y codificación, sino que también incorpore la coordinación con el Derecho marítimo internacional y la adecuación a la práctica actual del transporte marítimo.
No obstante, se muestran satisfechos desde el sindicato con el cumplimiento del Convenio Marítimo 2006 de la OIT y con la mejora de la redacción en lo referente a la estrategia frente a polizones.
El pasado martes 8 de julio, el Congreso aprobaba esta nueva ley que actualiza la anterior regulación del siglo XIX en materia de derechos del mar y a los sujetos de la navegación, entre otras cuestiones.
Después de pasar por el Senado, el documento incorpora algunas modificaciones, como la que reconoce que todos los buques que atraquen en puertos españoles quedarán sujetos a la normativa medioambiental y pesquera.
Actualmente, el proyecto de Ley se encuentra en el Senado para ser discutido el 24 y 25 de junio, fechas para las que ya deben formalizarse los textos que se adecuen a lo presentado.
Tanto el PP como UPyD han votado a favor del conjunto de la norma, mientras que Izquierda Plural y el PNV se han opuesto y el PSOE ha votado a favor de ciertos artículos, absteniéndose en el resto de la votación.
Las enmiendas aceptadas se refieren al tratamiento de los polizones, a los que se entiende por ambas partes que deben ser desembarcados en el primer puerto español al que arribe el buque.
El presidente del Clúster Marítimo, Federico Esteve, ha remitido un escrito a los grupos Popular y Socialista en el Congreso para pedir que "impulsen y dinamicen la tramitación parlamentaria del Proyecto ley", ya que se trata de una ley "largamente ansiada por todo el sector que ha decaído en dos ocasiones anteriores por la disolución de las Cortes”.
Entre otras cuestiones, el proyecto de ley,cuya aprobación ha coincidido en el tiempo con la sentencia del "caso Prestige", determina la responsabilidad de los implicados en el tráfico marítimo, establece medidas para evitar la contaminación marina y la inmigración ilegal y mejora la protección del patrimonio subacuático español.