La norma garantiza la separación en la gestión de los servicios de transporte y las redes, como ya ocurre en el sector de la energía. Los países de la UE tendrán un plazo de dos años y medio para transponer la directiva.
El objetivo de esta directiva es mejorar la competitividad del sector ferroviario en Europa y reducir su elevada fragmentación, lo que le coloca en una situación de desventaja frente a otros medios de transporte.
En la reunión se ha planteado la necesidad de tomar medidas en lo relativo al negocio de mercancías de Renfe, dado que actualmente arroja unos números rojos de unos 50 millones de euros.
El pago de los atrasos a Renfe copa más de la mitad del capítulo de subvenciones al transporte incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012.