No han sido suficientes los nueve meses transcurridos desde que se conociera en diciembre de 2015, la sentencia del TJUE que fallaba en contra del modelo de estiba español, para buscar una solución.
En 2012, la Comisión Europea consideró que Alemania proporcionó ayuda a Deutsche Post que le permitió tener "una ventaja económica indebida sobre sus competidores".
Según el TJUE, España "no ha demostrado que las medidas adoptadas sean necesarias ni proporcionadas" y ha indicado que existen medidas "menos restrictivas e idóneas" para garantizar el empleo y el servicio público de manipulación de las mercancías.
Tanto CCOO como el Frente Portuario instan al Gobierno a "abandonar la dejadez que les ha llevado a la privatización de la estiba" y diga "qué quiere hacer".
Tanto Puertos del Estado como Anesco y Coordinadora buscan el diálogo para conseguir un consenso que facilite la adaptación de la estiba al marco legal europeo.
Las estrategias de la Unión Europea con respecto a su política portuaria serán estudiadas y cuestionadas una vez que se conozca la sentencia sobre la estiba española el próximo 11 de diciembre.
La sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) sobre los estibadores españoles se conocerá el 11 de diciembre próximo y probablemente será condenatoria contra España.
El TJUE desestimó expresamente el argumento defendido por el Gobierno español para "recortar" la cantidad a devolver, ya que ello supondría "violentar el carácter vinculante de la sentencia, el principio de legalidad y la propia primacía del Derecho de la UE".
Según el TJUE, la directiva que regula el uso de depósitos en la UE "no excluye" los depósitos instalados de manera permanente a pesar de que estos depósitos "se hayan instalado por una persona que no sea el fabricante".
El Ayuntamiento de Ferrol recurrió a la Tribunal de Justicia Europeo en 2012, después de que la Junta de Galicia dictaminara la obligatoriedad de conceder la exención del IBI al astillero de Navantia.