La concesión en exclusiva, otorgada en 1990, fue realizada ajustándose a la ley gallega, por lo que no puede ser anulada a partir de la normativa comunitaria actual.
El Comité Galego de Transportes se ha reunido con la consejera de Fomento de la Xunta para trasladarle las peticiones y problemas del sector en la Comunidad Autónoma.
El objetivo del gobierno gallego es poner a disposición de las empresas una herramienta para mejorar la administración y conocimiento de sus costes de operación.
Al mismo tiempo que la Xunta de Galicia ha anunciado el inicio de la urbanización de 700.000 m², se ha notificado la paralización de las obras de un millón de m² por considerarse zona de protección forestal.