La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha mostrado una profunda preocupación por las propuestas que se están debatiendo en la Unión Europea para imponer cuotas obligatorias de compra o uso de vehículos pesados de cero emisiones. Tal y como ya ha comunicado al ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que estas medidas son prematuras y podrían generar graves consecuencias para las empresas transportistas y la economía española.
Algunas compañías ya han iniciado inversiones en vehículos de cero emisiones, pero la realidad es que ni la tecnología ni la infraestructura están preparadas para una implantación obligatoria, pues los camiones eléctricos disponibles actualmente no cuentan con autonomía suficiente para cubrir la mayoría de servicios habituales, los tiempos de carga son aún impredecibles y la red de recarga es insuficiente.
A esto se suma que su precio es muy superior al de los vehículos convencionales, lo que hace, según CETM, que su adquisición forzosa resulte inasumible para la mayor parte del sector, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas. En este sentido, la medida podría poner en riesgo la supervivencia de miles de empresas de transporte, amenazando directamente la competitividad de la economía española, que depende de un transporte de mercancías eficaz, asequible y fiable.
Como explican desde la Confederación, incrementar artificialmente los costes del transporte encarecería los productos, afectaría a las exportaciones y debilitaría la capacidad de las industrias para competir en los mercados internacionales. Sin embargo, aunque desde Bruselas parecen estar reconsiderando su enfoque, algunos Estados miembros, como Francia, están intentando reactivar la vía de la obligatoriedad en el Consejo de Ministros de Transporte.
Por ello, sollicitan al Gobierno que defienda la posición del sector, garantizando la continuidad de la actividad económica y preservando la competitividad de los productos y el tejido empresarial. La CETM seguirá trabajando para que la transición hacia tecnologías más limpias sea viable, gradual y realista, y para que cualquier decisión europea se adopte atendiendo a la madurez tecnológica, la disponibilidad de infraestructuras, la sostenibilidad económica y ayudas para que las empresas puedan afrontar esta inversión.
