La poca transparencia con que se ha manejado la aplicación práctica del apartado dos del anexo IX del Reglamento General de Vehículos está provocando una oleada de malestar en el transporte de mercancías por carretera español cuando se esperaba una transición relativamente tranquila y paulatina.
En este contexto, CETM defiende que la norma de la semana pasada que regula las condiciones técnicas y los itinerarios para la circulación de conjuntos euromodulares "reducen notablemente la utilidad real" de estas unidadaes.
En concreto, la confederación argumenta que "los requisitos técnicos son demasiado estrictos, lo que supone una barrera de entrada para las empresas más pequeñas que son, precisamente, las más habituales en el sector del transporte de mercancías por carretera".
Además, para la organización empresarial, "las vías que se pueden utilizar siguen siendo muy limitadas: únicamente autopistas/autovías o carreteras multicarril; dejando las convencionales solo para casos excepcionales. Asimismo, se han excluido vías que los vehículos euromodulares venían utilizando hasta ahora sin problemas".
Por otro lado, CETM especifica que "la reducción de 25 kilómetros recorridos fuera de la red de itinerarios para entrar y salir de la misma (tal y como se ha venido utilizando desde hace nueve años hasta ahora sin incidencias) a 10 kilómetros, excluye a numerosos centros logísticos, polígonos industriales, bases de empresas de transporte, fábricas, etc. situadas fuera de este radio de 10 kilómetros, lo que imposibilita, injustificadamente, que determinadas zonas y empresas puedan utilizar este tipo de vehículos".
En conclusión, para la patronal "la imposición de una red de itinerarios obligatoria que es completamente insuficiente y la reducción del radio de acceso a la misma de 25 kilómetos a 10 kilómetros, no solo impide a centenares de empresas que puedan beneficiarse de las ventajas económicas y operativas del transporte euromodular, sino que introduce una brecha territorial entre la España bien conectada y la que no lo está, poniendo además en tela de juicio la eficiencia económica y medioambiental de esta medida".
En consecuencia CETM reclama a la DGT que "corrija de inmediato aquellas medidas que están generando un trato desigual entre distintas zonas de España, o las partes afectadas podrían verse obligadas a emprender acciones legales por vulneración de los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad administrativa".
