Era de esperar que la Plataforma para la Defensa del Transporte reaccionara con contundencia teatral tras conocerse que había quedado excluida de la renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera para el período que va de 2026 a 2029.
La entidad argumenta que su eliminación del proceso tras haber superado el porcentaje de errores establecido legalmente obedece a "una estrategia donde hay varios actores que están de acuerdo en aislar a Plataforma de cualquier lugar donde pueda tener aún más relevancia y oportunidades que las actuales", según ha asegurado en un comunicado.
Ante ello, continúa el escrito, Plataforma afirma que "en primer lugar vamos a impugnar los resultados para paralizar las competencias del comité, en segundo lugar vamos a pedir las pruebas de la exclusión para someterlas a las comprobaciones legales oportunas, si en este caso hay una rectificación y reconocimiento de error por parte de la Dirección General de Transporte, todo quedará ahí, y se habrá tratado de un error".
Además, la organización amenaza con acudir a los Tribunales de Justicia, e incluso recurrir a las instituciones de la Unión Europea, para aclarar la situación.
Plataforma acusa al Comité Nacional de estar controlado por "los grandes especuladores y lobbys del transporte" en connivencia con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y dice querer articular "un comité donde los pequeños transportistas tendríamos la mayor porción de representación, porque somos el 85% del sector" y que controlaría, claro está, la propia Plataforma.
Los resultados de la composición del órgano consultivo para el período 2026-2029 arrojan, según el criterio de esta entidad, "una representación obsoleta, surrealista, y distanciada de la realidad de la calle respecto a los despachos".
Además de esta organización, también han quedado fuera del Comité Nacional otras entidades como Anefhop, Gasnam, Atfrie, UNO, Fvet y Fitrans, que tienen un mes de plazo para presentar recurso de alzada para intentar evitarlo.
La pertenencia al Comité Nacional del Transporte garantiza, además de acceso directo a las negociaciones del sector con la Administración central, una participación en los fondos de formación que reparte anualmente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que se destinan en su mayor parte a las organizaciones empresariales que lo componen.
