El Congreso de los Diputados ha cerrado el actual período de sesiones esta semana sin que se haya planteado siquiera la posibilidad de tramitar el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Esto implica, casi con toda seguridad, que la iniciativa coge unas vacaciones de verano no merecidas, pese a que el Gobierno tenía la intención de aprobar un proyecto de una gran importancia para el sector del transporte, pero también para que España reciba fondos europeos de recuperación.
Sin embargo, la anémica debilidad del Ejecutivo no contribuye a que avance la tramitación de esta norma, ni tampoco de otras de mayor enjundia o interés político, según se mire.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible dedica la inmensa mayoría de su articulado a la movilidad de viajeros, pero la norma también tendrá gran importancia para el transporte de mercancías en particular y para el sector logístico español en su conjunto.
En concreto, por lo que respeta al sector, el Título VI del proyecto normativo se ocupa del transporte de mercancías, con un total de cuatro artículos que tienen en cuenta diversos aspectos, incluyendo nodos logísticos de importancia estratégica y de interés autonómico, así como una serie de medidas de coordinación entre administraciones para la mejora de la cadena logística.
En el plano político, la tramitación de la Ley de Movilidad sostenible está resultando un rompecabezas de gran complejidad, dada la aritmética parlamentaria y los efectos de la norma en el territorio, a la vista de las posiciones que tienen algunos partidos regionalistas, esenciales a priori para su aprobación definitiva.
