La decisión de la OMI de retrasar su Marco Net Zero está creando un vacío normativo que amenaza con fragmentar los esfuerzos mundiales de descarbonización del transporte marítimo. Según ha explicado el director general de EmissionLink, Philippos Loulianou, "lo que parece una pausa es, en realidad, una puerta abierta para que los gobiernos nacionales avancen con sus propios sistemas", por lo que se corre el riesgo de crear un mosaico de planes descoordinados que dificultarán considerablemente el cumplimiento global por parte de los armadores.
Varios países ya están tomando medidas para llenar este vacío legislativo, pues por ejemplo, el régimen de comercio de derechos de emisión de Reino Unido entrará en vigor en junio de 2026, Turquía está preparando también su propia versión y Gabón, en la costa occidental de África, ha planteado abiertamente la posibilidad de aplicar un impuesto local sobre el carbono.
Es probable que más gobiernos sigan su ejemplo, impulsados tanto por las presiones fiscales como por los objetivos medioambientales. Así lo ve Loulianou, que asegura que "para muchos gobiernos que se enfrentan a déficits presupuestarios cada vez mayores, la fijación de precios del carbono ofrece una vía rápida para obtener nuevos ingresos", y advierte de que los sistemas regionalizados multiplicarán los formatos de presentación de informes, las normas de verificación y las cargas administrativas, lo que creará riesgos operativos reales.
Asimismo, el director de EmissionLink desea "buena suerte al armador que se equivoque. Imagínese un buque que hace escala en un puerto de África Occidental, sin conocer una normativa local recientemente introducida. La Autoridad Portuaria podría detenerlo por incumplimiento y el propietario tendría que hacerse cargo de los gastos".
Es por ello que algunos ya están ajustando sus patrones comerciales para evitar la superposición de planes. Algunos propietarios de buques asiáticos, por ejemplo, están evitando discretamente determinadas rutas europeas debido a la complejidad del cumplimiento normativo.
Otra de las preocupaciones actuales es cómo se utilizarán los ingresos procedentes de los nuevos planes nacionales de carbono, pues "no hay garantía de que estos fondos se destinen a la descarbonización". De hecho, explican, algunos gobiernos ni siquiera sabrán cuánto recaudarán hasta finales de año y, una vez que llegue el dinero, existe la posibilidad de que lo redirijan a otras prioridades.
Desde EmissionLink, instan a los armadores a reforzar su enfoque de supervisión y gestión del cumplimiento normativo, y recuerdan que se necesita información en tiempo real sobre los cambios normativos y datos para poder actuar, mucho antes de llegar al siguiente puerto de escala. Además, Loulianou concluye que cada nuevo plan nacional dificulta que la OMI pueda lograr posteriormente un enfoque alineado a nivel mundial, ya que "una vez que las normas se fragmentan en piezas regionales, volver a unirlas será extremadamente difícil".