La sostenibilidad es un valor al alza. Esto se nota especialmente en las ciudades, que suelen ser los lugares en que más se concentra la contaminación. Sin embargo, también en las grandes urbes se concentra un alto grado de movilidad, de ahí que desde hace años las autoridades estén dando pasos en firme para limitar las emisiones contaminantes en las ciudades.

En pocos años, las principales urbes del país irán introduciendo en sus núcleos urbanos zonas de bajas emisiones que se convertirán paulatinamente en el nuevo tablero de juego para la movilidad urbana y, en consecuencia, también para el reparto de mercancías.

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado unas directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones. Con ellas se quiere ofrecer una guía para aquellos municipios de más de 20.0000 habitantes que deban establecer una Zona de Bajas Emisiones.

Las directrices recogen los umbrales mínimos que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una Zona de Bajas Emisiones, incluyendo criterios en materia de calidad del aire, eficiencia energética, ruido y cambio climático.

Entre las medidas que contempla la Administración para la creación de zonas de bajas emisiones se baraja la posibilidad de introducir peajes o tasas de acceso”.

Además, también fijan el procedimiento para su implantación, una propuesta de indicadores de seguimiento y un amplio catálogo de medidas que los ayuntamientos podrán adoptar para incentivar el cambio hacia una movilidad ambientalmente más sostenible que redunde, además, en una mejora de la calidad del aire que respiramos.

Estas directrices no determinan una extensión mínima para las zonas de bajas emisiones, que dependerá de las características de cada municipio, pero sí señalan que deberá ser significativa y suficiente para el cumplimiento de los objetivos.

De igual modo, entre las medidas que pueden implantarse en estas áreas de acceso restringido también se encuentra la posibilidad de establecer el pago de una tasa o peaje, cuya cuantía puede variar en función de las condiciones de los vehículos a partir del principio “quien contamina paga” o de la congestión, en base al principio de “el usuario paga”.

Además, se identifican distintos modelos de zonas de bajas emisiones, tanto estructurales, como complementarias. De igual modo, tampoco se determina para qué tipologías de vehículos deberá restringirse el acceso, que dependerá de cada caso.

La Administracion baraja diferentes modelos de zonas de bajas emisiones, aunque no define a qué vehículos se limita el acceso

Directrices para  la distribución

Así mismo, las directrices también tienen en cuenta la distribución urbana de mercancías y, en este sentido, abordan aspectos clave del reparto, como son su regulación horaria, la dotación de áreas de carga y descarga, la creación de puntos de recarga dedicados a los vehículos de reparto de mercancías, así como de microhubs urbanos y la utilización de big data y del internet de las cosas.

En el terreno de la regulación horaria se propone flexibilizar los horarios para evitar causar mayor congestión viaria en horas punta y acelerar los repartos, dentro de las posibilidades del sector para concentrar los repartos en el tiempo.

Por lo que respecta a la dotación de  áreas  de carga y descarga se estima que, al eliminar plazas de estacionamiento para particulares en las zonas de bajas emisiones, será fácil crear nuevas áreas de carga y descarga, aunque se pide que se evite, en la medida de lo posible, establecer estas áreas en zonas de  preferencia  peatonal y  priorizar su uso por empresas de reparto comercial que utilicen vehículos de cero  emisiones para acceder a estos espacios.

De igual manera, se defiende la digitalización de las zonas de carga y descarga, para optimizar el uso de la vía pública, hacer más eficiente la operativa de los transportistas y reducir  el  número  de  infracciones, por lo que se considera importante  redimensionar correctamente y de manera constante las zonas de carga y descarga según los cambios de necesidades y comportamiento de los consumidores.

En cuanto a la creación de puntos de recogida local se apunta a que deben estar convenientemente situados, en entornos densos o de  paso, así como en comercios colaboradores, con la posibilidad de estar disponibles 24 horas, dado que ienen la ventaja de reducir las últimas millas en vehículo, así como evitar segundos viajes de los usuarios.

La creación de zonas de bajas emisiones abre la posibilidad a la creación de microhubs urbanos y de puntos de recogida local

Para los michrohubs urbanos, se plantea que los aparcamientos podrían acogerlos, para desde allí hacer el reparto con medios sostenibles.

Finalmente, con respecto al uso de big data  y el internet de las cosas, se prevé que pueden ayudar a planificar la demanda y racionalizar  las entregas.

Las directrices insisten en que con carácter general, salvo las excepciones que fije la autoridad de movilidad competente, el reparto de mercancías y paquetería se realizará con vehículos alternativos de nulas o bajas emisiones y que, por otro lado, se favorecerá la colaboración público-privada para la implantación del reparto de mercancías en las zonas de bajas emisiones mediante modos activos, vehículos eléctricos o alternativos de nulas o bajas emisiones.

La creación de zonas de bajas emisiones va a impulsar el uso de las nuevas tecnoogías para optimizar el reparto de mercancías y digitalizar las zonas de carga y descarga”.

De igual modo, el documento también defiende la incorporación de representantes del sector en los procesos de participación, para encontrar soluciones equilibradas y realistas.

En cuanto a las ayudas públicas, se indica que las administraciones públicas pueden reorientar las ayudas al sector con vistas a favorecer su transformación, más allá de la electrificación de la flota.

Además, se afirma que las administraciones deben promover, seguir de cerca y difundir experiencias piloto que sirvan como ejemplo para la adaptación del sector a un entorno más sostenible.

Todas estas directrices dibujan un marco para un cambio de gran calado en la distribución urbana de mercancías, aunque se echa en falta una mayor concreción, sobre todo para conseguir una regulación homogénea que facilite la labor de los operadores, especialmente en aquellas conurbaciones en las que se transita entre varios municipios colindantes para realizar servicios.

El tablero ya está puesto. Ahora a ver cómo despliegan sus piezas cada municipio y cómo afecta al sector en un contexto de gran incertidumbre económica y social.