Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros de esta semana ha aprobado el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.
Con este trámite, la norma inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, para la que cuenta con dudosos apoyos de cara a su aprobación definitiva.
El Ejecutivo tiene la intención de reducir la jornada máxima legal hasta colocarla en las 37,5 horas semanales en cómputo anual con el fin, según su criterio, de "adaptar la normativa laboral a las nuevas realidades y formas de organización que han demostrado la viabilidad y beneficios asociados a las jornadas laborales más reducidas".
De acuerdo con la argumentación del Gobierno, esta medida es, además, fundamental en términos de seguridad y salud en el trabajo, ya que contribuirá a reducir la carga física y mental que, a su vez, redunda en una disminución del estrés laboral y la fatiga, aumentar la productividad y reducir el riesgo de sufrir accidentes de trabajo.
De manera particular, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la nueva norma pivota sobre un registro de jornada fiable e interoperable, que se considera "instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo y a erradicar las horas extraordinarias no ajustadas a derecho".
Así mismo, según el Ejecutivo, con el proyecto de Ley, por otra parte, "se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión, para evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras".
