La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, UNO, ha mostrado su rechazo ante el anuncio realizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el que ha confirmado la intención del Gobierno de aprobar el próximo 29 de abril, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley que impone una reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.
El presidente de la patronal, Francisco Aranda, considera que se trata de una medida “improvisada y políticamente oportunista”, que se va a tomar “sin diálogo previo, sin consenso y sin un análisis riguroso sobre su impacto en el empleo y la competitividad del país”. En su opinión, una decisión como esta debería adoptarse dentro del marco del diálogo social sectorial, teniendo en cuenta las particularidades de cada actividad y permitiendo que cada sector tome las medidas más oportunas en función de su realidad.
Así, considera que “imponer por decreto una reducción de jornada, sin que venga acompañada de reformas que impulsen la productividad, supondrá un duro golpe para sectores clave como la logística y el transporte, intensivos en empleo y estratégicos para el funcionamiento de la economía”. Además, ha alertado de que “esta medida solo traerá menor contratación indefinida a tiempo completo, más presión sobre las pymes y menos capacidad para subir salarios reales”.
Desde UNO, creen que tomar decisiones como esta sin tener en cuenta las realidades estructurales y económicas pueden empujar a muchas empresas a la desaparición. Por ello, Aranda ha pedido al Gobierno centrarse en reformas que impulsen el empleo, como “la reducción de las abultadas cotizaciones sociales, la lucha contra el absentismo laboral o la definición de un marco laboral mucho más flexible y adaptado a la realidad empresarial”.
Asimismo, ha apuntado que la reciente polémica sobre el aumento del gasto militar en los Presupuestos Generales del Estado hace sospechar que el Ministerio de Trabajo esté utilizando la medida “como una cortina de humo para desviar la atención pública”. En este esntido, recuerda que “el mercado laboral no puede convertirse en un instrumento de distracción política”.
