Uno de los principales objetivos de las asociaciones de navieros internacionales y de ANAVE es conseguir un marco legal global y uniforme para el transporte marítimo, que evite distorsiones de la competencia y favorezca la seguridad, la protección del medioambiente y la eficiencia del sector a nivel mundial.
Este objetivo se ha visto minado con las recientes normas ambientales aprobadas por la UE: la directiva sobre comercio de derechos de emisión y el reglamento Fuel EU Marítimo. Ambos textos presentan lagunas que podrían dar lugar a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero además de a una pérdida de competitividad del sector industrial europeo.
Entre otras, el desvío de tráficos a otros puertos no europeos de los mares ribereños que rodean Europa o del modo marítimo a la carretera. Por ello, resulta fundamental que el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, que se reunirá a comienzos de abril, acuerde unas reglas globales y ambiciosas para el transporte marítimo que terminen con las normativas regionales europeas.
En una estimación conservadora, los armadores nacionales han invertido ya más de 800 millones de euros para reducir su huella de carbono lo que permite ahorrar más de 200.000 Tn anuales de CO2 equivalente. A corto plazo, los proyectos en ejecución suponen inversiones adicionales de 1.000 millones de euros.
Estos datos podrían crecer exponencialmente si España asumiera la transición energética del transporte marítimo como un reto compartido, en el que la colaboración público-privada resulta fundamental para acelerar el proceso y escalar la implantación de tecnologías innovadoras y el desarrollo de nuevos combustibles sostenibles. Los ingresos de la inclusión del sector marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE deberían destinarse a este fin.
Por otra parte, continúan los conflictos geopolíticos que amenazan la protección de los buques y sus tripulaciones y que están incidiendo en las matrices de origen y destino. Además, los efectos en el comercio mundial de las posibles medidas que adopten los EE.UU. bajo el segundo mandato de Donald Trump son un nuevo motivo de incertidumbre.
Los armadores nacionales han invertido ya más de 800 millones de euros para reducir su huella de carbono, con un ahorro de más de 200.000 Tn anuales de CO2 equivalente”.
Asimismo, la escasez de marinos europeos, especialmente oficiales, ha sido identificada durante más de una década como un problema serio y creciente, no sólo para las empresas navieras europeas, sino también para otros sectores de la economía azul y para las administraciones marítimas de los Estados miembros de la UE. Un problema que se agrava con la transición energética, que precisa de procedimientos de seguridad completamente nuevos y tripulaciones adecuadamente formadas en el manejo de los nuevos combustibles.
Todos estos asuntos serán prioritarios para el sector del transporte marítimo en este año 2025. Los armadores necesitarán una combinación de innovación tecnológica, adaptabilidad estratégica y cooperación efectiva entre todos los actores involucrados. Y por supuesto, una regulación equilibrada y global que es clave para para mantener la competitividad y asegurar un futuro sostenible para el transporte marítimo español.