La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, quiere evitar que las empresas de transporte recurran a mecanismos legales para pagar mal a los conductores de camiones y reducir el dumping social, una práctica muy extendida entre los camioneros que conducen por varios países durante varios meses y que supone una de las mayores preocupaciones del sector.

Se espera que la comisaria proponga normas sobre las condiciones de trabajo en el transporte por carretera para finales de año, como parte de un proyecto con el que se espera regular el sector.

Si un conductor se queda en un país durante un largo periodo, o lleva a cabo actividades en un país determinado con regularidad, debe recibir el salario mínimo del país en cuestión, ha declarado la comisaria.

Actualmente, Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia son los únicos países de la Unión Europea que no cuentan con un salario mínimo nacional.

No obstante, la comisaria ha declarado que es todavía demasiado temprano para establecer cómo se regularán los salarios de los camioneros, incluyendo cuánto tiempo tendrían que pasar por un país para cobrar el salario mínimo profesional.

En este sentido, el pasado mes de mayo la Comisión Europea abrió un proceso legal contra Alemania por obligar a las empresas extranjeras a pagar el salario mínimo alemán, de 8,50 euros por hora, incluso si estos estaban de paso, lo que demuestra los problemas que aún presenta el proyecto.

No obstante, el pasado mes de marzo la Comisión Europea había propuesto nuevas medidas para reformar cómo se paga a los transportistas cuando los envían a trabajar a otros países de la Unión Europea.

La comisaria Bulc ha retomado este asunto, al sugerir que los controles de carretera, donde los camiones son inspeccionados por cuestiones relacionadas con permisos o con la seguridad, también se podrían utilizarse para asegurarse de que los conductores no están rompiendo las reglas de«cabotaje», que permite a los conductores extranjeros permanecer dentro de un país de la UE durante un máximo de siete días sin dejar de estar sujeto a las leyes nacionales de su país de origen.