restriccion al trafico pesado en la N-340

Cataluña plantea nueva prohibiciones al tráfico pesado en la N 340.

Las medidas llevadas a cabo por la Generalitat de Cataluña, en lo referente al transporte de mercancías por carretera, han sido catalogadas como una «campaña de acoso al sector» por parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).

Según la Federación, la «cruzada» contra los transportistas que circulan por las carreteras catalanas se inició en abril de 2013, cuando la Generalitat acordó la prohibición absoluta de circulación a los camiones en 100 km de la N-II, en la provincia de Gerona hasta la frontera francesa.

Esta decisión obligó a los transportistas a circular por la autopista de pago AP-7, por lo que ha sido recurrida por Fenadismer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estando pendiente de su pronta resolución judicial.

En la misma línea, el pasado septiembre, la Consejería autonómica de Territorio y Sostenibilidad anunció la próxima prohibición de circulación a camiones en más de 40 km de la N-240 a su paso por la provincia de Lérida, estando previsto que los transportistas tengan que utilizar obligatoriamente la autopista de peaje AP-2.

Nueva «cruzada» 

El gobierno catalán plantea ahora nuevas prohibiciones a la circulación de camiones, en concreto en más de 70 km de la N-340 a su paso por la provincia de Tarragona, lo que afectaría a los más de 3.500 vehículos de transporte pesados que diariamente utilizan dicha vía, aproximadamente el 20% del total de los vehículos que circulan por la nacional, obligando a los transportistas a utilizar la autopista AP-7. 

Esta autopista, «curiosamente», ha visto reducido su número de usuarios en un 20% en los últimos tres años.

Por su parte, desde Fenadismer y sus organizaciones catalanas rechazan esta nueva prohibición que se pretende introducir, que catalogan de «nueva cruzada» contra el sector.

En este contexto, los transportistas señalan que sólo aceptarán estas prohibiciones si se les ofrece una vía alternativa libre de pago, por lo que de no producirse estudiarán las medidas de respuesta a adoptar contra dicha decisión.