Alegaciones al Anteproyecto de Ley Ferroviaria presentadas por CCOOque se puede descargar en este enlace (disponible en formato pdf, de 25 páginas, 238 Kb).
CCOO ha presentado 83 alegaciones al Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, que sustituirá por completo a la anterior, con la que el sindicato "no está del todo de acuerdo" en cuestiones relativas a la seguridad, a la calidad del servicio para los usuarios y al mantenimiento de un empleo de calidad.
Con respecto a dicha ley, desde el sindicato recuerdan que la legislación europea da de plazo hasta finales de 2019 para la liberalización ferroviaria, aunque el gobierno "ha querido acelerar los pasos para que empresas privadas compitan con la pública en el sector".
En este contexto, desde CCOO reiteran su posición con estas alegaciones "del error que supone este proceso", un error que "ya ha marcado la experiencia negativa en otros países".
Para ejemplificar esta situación, remiten al caso del Reino Unido, que privatizó toda su red a principios de los noventa, y que desde el sindicato consideran "está mal gestionado y sale más caro que antes para el Estado y para los pasajeros".
El problema del "afán por el beneficio"
Para CCOO, la introducción de la competencia inducirá a las empresas a reducir costes, por lo que las empresas privadas, "en su afán por el beneficio", podrían no cumplir con todos los estándares de calidad y mantenimiento. Por la misma razón, "podrían darse situaciones de dumping social".
Sus alegaciones, por tanto, "van dirigidas a la defensa de los puestos de trabajo", junto con la creación de empleo de calidad que asegure unas empresas públicas fuertes y con futuro y evite unas empresas privadas "con márgenes de beneficio a costa de la precariedad" y de no alcanzar los niveles de seguridad necesarios.
Dentro de "los aspectos negativos" de este Anteproyecto, desde el sindicato critican una "débil protección del derecho de la ciudadanía a usar el ferrocarril público", ya que "se cerrarán líneas consideradas no rentables económicamente".
Por otro lado, indican que se debe prestar atención al uso del término 'eficiencia' en el texto, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad, "debiendo no mezclar la obligatoriedad de las inversiones en seguridad y los objetivos de eficiencia relacionados con el transporte mismo o con la economía".
Otros aspectos cuestionables
En la misma línea, critican que el Anteproyecto "elude en numerosas ocasiones" al sector público, que no se haga referencia a las Obligaciones de Servicio Público en los Fines de la Ley, que el texto abra la posibilidad de que el mantenimiento del material se haga por empresas privadas, así como la "vaguedad" de las frases en las que se hace referencia a los certificados europeos de seguridad.
Además, las alegaciones realizadas por el CCOO van encaminadas a la existencia de un único administrador de infraestructuras que sea público, mientras que el Anteproyecto "alude a la posibilidad de que existan varios al referirse a él en plural".
Otra de las propuestas del sindicato es la creación de un holding público de empresas que incluyese la operación y la infraestructura pública, teniendo en cuenta el vínculo inevitable que existe entre el ferrocarril y la vía, con compañías separadas estas sinergias se pierden y tiene consecuencias graves sobre la seguridad del empleo y las condiciones laborales.