El sistema puesto en marcha por la Agencia Tributaria para realizar las devoluciones del céntimo sanitario, el impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos, que fue declarado contrario a la directiva europea sobre fiscalidad de los carburantes, ha encendido los ánimos en las principales asociaciones del sector.
La diferencia entre los 2.000 millones de euros que tiene previsto abonar Hacienda, frente a los cerca de 13.000 que se recaudaron durante once años en trece comunidades autónomas, tiene la culpa.
Como es sabido, el Gobierno central formuló a la Comisión Europea una consulta sobre las posibles consecuencias, en materia de ayudas de Estado, que podría suponer para España la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, emitida en febrero, que dictaminaba que este impuesto vulneraba la legislación comunitaria.
Según Cesintra, la patronal del transporte por carretera en Asturias, esta decisión supone "una auténtica provocación" para un sector que ha sufrido, como otros estos, "duros años de crisis", pero con la diferencia de que no recibió ayudas y de que tuvo que pasar cuatro años por todos los juzgados de España y llegar al Tribunal Europeo para que declarase ilegal el impuesto.
"El señor Montoro dice que las sentencias son para cumplirlas, pero todos y en su totalidad. ¿Qué pretenden, que nos llegue la jubilación pensando en los juzgados?. Nos asisten razones más que sobradas para tomar otro tipo de medidas", afirman desde Cesintra.
La consulta realizada a Bruselas se refería a aquellos supuestos en los cuales la devolución íntegra del impuesto situaría los niveles de imposición en materia de hidrocarburos por debajo de los mínimos exigidos por la Directiva europea que regula la fiscalidad energética.
Dado que el pronunciamiento cualificado de la Comisión no se oponía a este criterio expuesto, el Gobierno consideró que sólo procede la devolución de las cantidades recaudadas que superen el nivel mínimo de imposición.