La CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha multado con un total de 5,58 millones de euros a las empresas Amurrio Ferrocarril y Equipos, Jez Sistemas Ferroviarios, Talleres Alegría y Duro Felguera Rail, así como a nueve de sus directivos, por haberse repartido adjudicaciones de los desvíos ferroviarios de Adif durante 15 años, desde julio de 1999 y octubre de 2014.

La CNMC ha acreditado que las empresas se han repartido el mercado, han acordado precios y otras condiciones comerciales, y se han intercambiado información comercial durante este periodo de tiempo para el suministro de estos desvíos ferroviarios y otros elementos complementarios en las licitaciones convocadas por Adif y su antecesor, Gif.

El inicio del expediente se produjo a partir de un escrito remitido por Adif a la CNMC en 2014, en el que se solicitaba un informe para conocer si los procedimientos utilizados hasta entonces para la contratación en el aprovisionamiento de desvíos ferroviarios y otros elementos complementarios habían incluido algún tipo de práctica contraria a la competencia.

Tras la instrucción del expediente, se ha considerado acreditado que las cuatro empresas sancionadas han llevado a cabo prácticas de mercado y fijación de precios y otras condiciones comerciales que respondían a una estrategia global cuyo objetivo era eliminar la competencia en las licitaciones de los desvíos ferroviarios.

En concreto, se han visto afectadas las licitaciones de desvíos ferroviarios en los tramos de la líneas de Alta Velocidad de Madrid/Levante, Barcelona/Figueras, Zaragoza/Lérida, Madrid/Albacete y Segovia/Valladolid, entre otras.

Durante el periodo analizado se han licitado 52 contratos, de los que el 74% se han adjudicado a la UTE integrada por las empresas sancionadas.

En los pocos casos en los que las empresas se presentaron de forma individual, también se han llegado a acuerdos sobre las características de la oferta y sobre cómo repartirse los trabajos, en ocasiones, incluso antes de la celebración de la licitación.

Las empresas no competían a la hora de licitar, definían los precios, y luego ajustaban el suministro según los acuerdos a los que llegaban en diversas reuniones y encuentros. En ocasiones negociaban con Adif con anterioridad a la fecha de licitación los precios y las condiciones.

Según el dictamen de Competencia, las empresas que participaban en las UTEs han sido conscientes de que no estaban actuando correctamente.